Buscar
19:53h. Lunes, 11 de Diciembre de 2017

El Plan contra la Pobreza Energética ha beneficiado a más de 11.270 personas en la provincia de Toledo

Un total de 11.276 personas de la provincia de Toledo, de las que 5.293 son menores de 16 años, se han beneficiado, desde el año pasado y hasta octubre del presente ejercicio, de las ayudas contempladas en el Plan contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional, según ha informado hoy el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás.

El Gobierno regional impulsó la puesta en marcha de este Plan contra la Pobreza Energética para que ningún hogar en el que se padezca una situación de pobreza extrema pueda sufrir cortes de suministro energético. En este sentido y según ha señalado Javier Nicolás, en “nuestra provincia en lo que va de año se han paralizado 46 cortes de suministro y se ha conseguido reponer otros tantos”.

Desde la puesta en marcha de este Plan, que se realiza en colaboración con Cruz Roja Española, en la provincia de Toledo se han concedido 2.964 ayudas que han permitido garantizar el suministro a familias en situación de pobreza extrema. Asimismo, en los diez primeros meses de 2017, se han comunicado 1.152 ayudas económicas, un apoyo económico que asciende a 150 euros y permiten el pago de dicho suministro, especialmente necesario en el caso de los meses de invierno.

En la región el número de personas beneficiadas por estas ayudas en estos dos años asciende a 50.000, de las que 23.370 son menores de 16 años, lo que según ha apuntado el responsable del Ejecutivo regional en Toledo, “evidencia el esfuerzo que realiza el Gobierno regional para acabar con las situaciones de pobreza”.

Una estrategia contra la pobreza y la desigualdad social, en tres ejes

El delegado de la Junta, tras agradecer el trabajo de los Servicios Sociales de Atención Primaria que son los primeros en detectar los casos que se encuentran realmente en situación de vulnerabilidad extrema y que pueden acogerse a este tipo de ayudas, ha señalado que este Plan se enmarca en la ‘Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social’, dotado con 1.000 millones de euros para el periodo 2017-2020.

Nicolás ha destacado que la ‘Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social’ de Castilla-La Mancha “es la primera acción de estas características que se desarrolla en una comunidad autónoma” y ha añadido que “está dirigida a las personas más vulnerables, con los objetivos de generar oportunidades, reducir la brecha de desigualdad y que todas y todos los ciudadanos de la región avancemos en la mejora de nuestro bienestar y calidad de vida”.

La Estrategia, que -según ha recordado Nicolás- es fruto del compromiso que contrajo el presidente García-Page con los representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en el Consejo de Gobierno Abierto celebrado en febrero de 2016, se divide en tres ejes de actuación que incluye medidas paliativas, medidas preventivas y medidas encaminadas a la sostenibilidad del sistema social, con la finalidad dereducir la brecha de desigualdad e invertir la tendencia al alza de la pobreza de los últimos años.

El primer eje engloba las medidas paliativas, de “choque”, que se contemplan en el Plan de Garantías Ciudadanas, entre ellas, la mejora del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), “cuyo presupuesto –puntualizaba Nicolás- se ha duplicado prácticamente en dos años, ascendiendo en 2018 a 15,4 millones de euros”, la puesta en marcha de planes de empleo específicos, el incremento de las becas de comedores, y la continuidad del Plan contra la Pobreza Energética.

Respecto al segundo eje, se contemplan la puesta en marcha de medidas preventivas como, entre otras, el desarrollo por primera vez de 40 equipos de inclusión social formados por 74 profesionales dedicados a acompañar a las personas que atraviesan dificultades económicas y sociales para que puedan salir de esa situación.

Por último, el tercer eje incluye medidas para lograr la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema social, entre otras, la agilización y simplificación de trámites de las prestaciones sociales, la formación de profesionales implicados y la coordinación institucional e investigación.