En los últimos días, desde el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social se están enviando de forma masiva miles de cartas dirigidas a los empresarios agrícolas, en forma de comunicación, recordándoles la normativa sobre los contratos temporales y su conversión a indefinidos. Según la Administración, esta campaña de carácter nacional, tiene como objetivo regularizar aquellos contratos de trabajo que no se adecuan a la legalidad vigente y va dirigida a todos los colectivos empresariales, no exclusivamente al sector agrario.
En estas comunicaciones, se señalan supuestas irregularidades identificadas con respecto a determinados trabajadores de las empresas agrícolas, y se les requiere para la inmediata regularización de las contrataciones en el perentorio plazo de un mes, advirtiendo que, en caso de no proceder, se emprenderán actuaciones inspectoras y se impondrán duras sanciones.
Se trata de contratos temporales realizados durante las campañas agrícolas, que requieren una elevada mano de obra para la recogida de las cosechas, contrataciones que se repiten de manera estacional durante las temporadas de recolección pero que, obviamente, no pueden justificar la pretensión del Ministerio de convertirlas en indefinidas, algo inviable para el sector agrario y que demuestra hasta qué punto el Ministerio de Trabajo desconoce la realidad del sector agrario.
En el caso de la provincia de Toledo, afectan sobre todo a contrataciones realizadas a trabajadores temporeros extranjeros que llevan varias campañas de vendimia y de recolección de aceituna trabajando en la misma explotación agraria. Muchos de ellos fueron contratados por primera vez hace años en los contingentes de campaña con contratos en origen promovidos por ASAJA junto con el Ministerio de Trabajo con el fin de cubrir la falta de mano de obra española. En otras ocasiones, son temporeros españoles que trabajan estacionalmente durante las recolecciones con los mismos empresarios agrícolas.
Esta situación está provocando un sentimiento generalizado de malestar y preocupación en el sector agrario, no solamente por lo que respecta a los empresarios agrarios, sino también en lo que respecta a muchos de los trabajadores afectados.
Desde ASAJA denunciamos la inoportunidad de enviar este tipo de comunicaciones de manera masiva a un sector que ya sufre una importante e injusta campaña de “acoso y derribo”. Cabe recordar que ya ASAJA pidió en su día el cese de la ministra de Trabajo por su grave afrenta al sector agrario por una campaña dirigida desde ese Ministerio para detectar “casos de esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas, lo que obviamente nada tenía que ver con la realidad del campo español. Sin olvidar las recientes subidas del SMI en los últimos dos años, lo que ha supuesto “dinamitar de facto” la negociación colectiva e incrementar los costes para nuestras explotaciones.
Desgraciadamente, todo esto contribuye a “la demonización del campo”, desde el desconocimiento o la ignorancia sobre el Régimen Especial Agrario, que desde hace muchos años está en proceso de incorporación y convergencia con el Régimen General, haciéndose esta integración “a las bravas”, sin una reglamentación acorde y clara que permita la adaptación a la singularidad que tiene este sector (carácter estacional, fuerte dependencia de trabajadores temporeros procedentes de otros países, larga tradición y arraigo de las fórmulas y regímenes singulares de contratación que se contemplan en la negociación colectiva del sector, enormes dificultades para cubrir las necesidades de mano de obra en las diferentes campañas, etc.).
Por todo lo anterior, desde ASAJA solicitamos al Ministerio que se tomen las medidas que correspondan en orden a suspender las acciones que ya están en marcha y las actuaciones inspectoras anunciadas en dichas cartas, hasta tanto no se pueda actuar con verdadero conocimiento de la situación del sector, prestando la merecida consideración a la marcada estacionalidad, a la singularidad y heterogeneidad de las formas y dinámicas de contratación de mano de obra en el campo, pero también a la peculiaridad y diversidad de las necesidades productivas (por regiones y por explotaciones).
En este sentido, desde ASAJA se ha solicitado a nivel nacional una reunión con los máximos responsables del Ministerio, con el doble fin de dar a conocer las particularidades del sector agrario que justifican un tratamiento diferenciado en el marco de esta nueva campaña inspectora, y también para proponerle algunas medidas complementarias que convendría adoptar para este sector.
