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  • Diario Digital | domingo, 05 de diciembre de 2021
  • Actualizado 20:45

Castilla-La Mancha defiende la aplicación “lo antes posible” de la condicionalidad laboral para garantizar los derechos de los trabajadores del campo

En la reunión de hoy se han analizado los últimos datos de desempleo. Se cuenta con los mejores datos de la serie histórica en diez años del mes de octubre. En la región, hay hoy 12.700 desempleados en el sector agrario, la mitad que en 2015.

Castilla-La Mancha defiende la aplicación “lo antes posible” de la condicionalidad laboral para garantizar los derechos de los trabajadores del campo

Castilla-La Mancha va a solicitar al Ministerio de Agricultura que la condicionalidad laboral, que garantiza los derechos de los trabajadores del campo, y sacar del foco a los agricultores y ganaderos, que se aplique “lo antes posible”, a partir de 2023, con la entrada en vigor de la nueva PAC.
 
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro formal de trabajo mantenido en la Consejería esta mañana con el nuevo secretario general de UGT en la región, Luis Manuel Monforte.
 
Un encuentro en el que se ha analizado la situación del sector, y en el que se han abordado asuntos como éste, además del desempleo o los avances en materia de agua. Y es que UGT es uno de los miembros de la Mesa Regional del Agua y firmante del acuerdo en defensa de los intereses de los castellanomanchegos en esta materia.
 
Martínez Arroyo ha recordado que la condicionalidad laboral es una novedad, que ha sido “peleada” por Castilla-La Mancha desde el principio, para que se incluyeran en el nuevo periodo de esta política europea los intereses de los trabajadores del campo “y es la primera vez que va a suceder”.
 
Este concepto implica, ha explicado, “que cuando no se cumpla la normativa laboral en la contratación de trabajadores del campo, los agricultores y ganaderos no cobrarán las ayudas de la PAC”.
 
De esta forma, Martínez Arroyo ha resaltado que se va a solicitar que sea “sencilla, que no genere mayor burocracia”, pero, muy importante, que genere la garantía para agricultores y ganaderos que “la mayoría cumplen y deben estar fuera del foco del incumplimiento en materia laboral”, y para los trabajadores agrícolas y ganaderos que “van a tener mejor garantizados sus derechos a partir de ahora”.
 
El consejero ha insistido en la inclusión de la condicionalidad laboral en la nueva PAC es “un éxito de todos” y “Castilla-La Mancha puede sentirse orgullosa porque ha defendido la condicionalidad laboral desde el principio”.
 
Desempleo en mínimos históricos
 
En otro orden de cosas, el consejero y el secretario general de UGT han abordado los datos del desempleo en el sector.
 
Con los últimos datos del mes de octubre, Martínez Arroyo ha resaltado que hoy estamos “en mínimos históricos, la cifra más baja de los últimos diez años”, con 12.700 desempleados en el sector agrario, que es “la mitad que en el año 2015”.
 
Algo, ha dicho, que pone de manifiesto que el sector tiene capacidad de generar empleo y hay actividad económica vinculada al mismo, y se une al interés por trabajar en el campo porque, las condiciones laborales han mejorado, con asuntos como, la subida del Salario Mínimo Interprofesional.  
 
Además de estas dos cuestiones relacionadas con trabajadores del campo, “pieza esencial de la cadena agroalimentaria”, se han abordado asuntos relacionados con el agua.
 
De esta forma, ha agradecido a Monforte el compromiso de su organización para formar parte de la mesa regional del agua y firmar el acuerdo que defiende los intereses de Castilla-La Mancha “de manera solidaria y colectiva”.
 
Entre los asuntos abordados hoy en esta materia, ha resaltado la aprobación en breve, de la Ley de Aguas. Se espera que llegue a las Cortes regionales antes de que finalice este año. Es una ley fundamental, ha dicho, “la ley de la economía circular de Castilla-La Mancha, la Ley de Aguas del siglo XXI” en la región y es imprescindible para la gestión de este recurso en la Comunidad. Así ha esperado el consejero que cuente con unanimidad de los grupos políticos, siendo uno de los objetivos planteados cuando se firmó el acuerdo regional del agua de la región.
 
También, hoy ambos responsables han hablado de las alegaciones a los planes hidrológicos de cuenca y del Plan de Depuración de Castilla-La Mancha que cuenta con una inversión de 600 millones euros para los próximos once años “para garantizar que el 100% del agua residual de la Comunidad se depura”, ha finalizado Martínez Arroyo.