• Diario Digital | Martes, 19 de Marzo de 2019
  • Actualizado 16:58

Unión de Uniones valora la disminución de un 14% de los robos en el campo en 2018, pero pide que “no se baje la guardia”

Guadalajara es la provincia de Castilla-La Mancha con menos hechos, pero con un aumento del 67,5 % en 2018. La organización pide a las autoridades que no se relajen las medidas contra la delincuencia en el medio rural

Unión de Uniones valora la disminución de un 14% de los robos en el campo en 2018, pero pide que “no se baje la guardia”

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante los datos facilitados por la Secretaría de Estado y de Seguridad del Ministerio del Interior, se felicita de que apunten a una disminución del 14 % en los robos en el último año, si bien considera que aún son altos. La organización sospecha que la reducción puede deberse en parte a que algunos hechos no se ponen en conocimiento y pide que se intensifiquen las medidas contra la delincuencia en el medio rural y para facilitar las denuncias.

Unión de Uniones, quien sigue de cerca este análisis, valora positivamente la disminución de estos sucesos en las explotaciones de todas las CC.AA, si bien se muestran algunas diferencias en provincias donde no se ha seguido la tendencia y estas faltas y delitos han aumentado.

Durante este 2018, se denunciaron en total de 11.749 sucesos de este tipo, lo que, sin datos de Cataluña, supone una mejora respecto a 2017, cuando alcanzaron los 13.660 y mucho más con respecto al pico más alto de los últimos 8 años, en 2012, año en el que se llegó a los 24.078. Vizcaya (44,4%), Baleares (40%), Ávila (18,8%), Navarra (14,3%), A Coruña (10,2%), Castellón (6,3%), Sevilla (2,5%) y Murcia (0,6%), por su parte, son las provincias donde el número de hechos de delincuencia rural en el último año ha presentado un aumento en relación a 2017, por lo que la organización pide que se intensifiquen los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia rural.

Castilla-La Mancha mejor, excepto en Guadalajara.

En el caso de Castilla-La Mancha, el número de hechos delictivos ha pasado de 1.540 en 2017, a 1.300 en 2018, una cifra que, para la organización en la región, sigue siendo elevada. “Hemos pasado de 4,2 robos al día denunciados, a 3,5. Si fuera porque hay menos robos sería una buena noticia” matizan “pero por desgracia no es esa la sensación que tenemos en el campo”.

La provincia con más robos es Toledo, con 512; seguida de Ciudad Real, con 378; Albacete, con 197; Cuenca, con 146 y Guadalajara, la que menos, con 67. No obstante, esta última provincia es de las pocas que han aumentado el número de hechos computados, pasado de 40 en 2017 a 67 el pasado año.

Solo un 18,5 % de los hechos se resuelven, pero hay que denunciar.

Unión de Uniones destaca no obstante que, uno de los motivos, aunque no el único, de que el número de robos haya disminuido, es debido a que aún hay un ratio de esclarecimiento de los hechos demasiado bajo (18,5 %), lo que, a priori, desanima a muchos de agricultores y ganaderos los productores a presentar las denuncias. En Castilla-La Mancha, el porcentaje de hechos esclarecidos está por debajo de esa media, en concreto, en el 16,4 %.

La organización que viene recomendando desde hace años que sus afiliados tomen las medidas legales que estén a su alcance para protegerse y para facilitar la identificación de los autores de estos hechos, para lo que existen distintos métodos, anima a que se denuncien todas las faltas y delitos contra la propiedad para que las estadísticas se aproximen lo más posible a la realidad.

Los robos reiterados en las explotaciones, se ha convertido en varias provincias españolas en una de las razones más importantes para dejar de invertir en el medio rural por ejemplo en paneles solares, en electrificación rural y regadíos, así como en la mejora de diversa maquinaria.

Igualmente señala que en las propuestas electorales que Unión de Uniones está presentando a las fuerzas políticas se contemplan medidas para reforzar los medios con los que cuentan los Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas rurales para que puedan desarrollar su labor con plena eficacia y otras destinadas a facilitar las denuncias, que ya funcionan en países vecinos como Francia; así como la prevención y persecución de los delitos y el seguimiento de los materiales robados.