La ampliación del SAI LGTBI a todas las provincias de Castilla-La Mancha ha permitido al Gobierno regional incrementar la atención en un 72,8%

La Consejería de Igualdad ha ofrecido este jueves el balance anual de actuaciones realizadas desde el Servicio de Atención Integral (SAI) a personas LGTBI de Castilla-La Mancha, con la particularidad de incorporar el efecto que ha tenido la ampliación del propio servicio, gracias a la apertura de oficinas de atención presencial en todas las capitales de provincia de la región, junto a la sede central de Toledo. 

La consejera de Igualdad, Sara simón, ha comenzado presentado los datos globales de atención, desde la entrada en funcionamiento del servicio en 2023, cifrando en 14.434 las actuaciones realizadas. De ellas se desprende la apertura de 550 expedientes a personas que han demandado atención especializada, y que han originado 3.397 atenciones desde el punto de vista social; 5.219 a nivel psicológico y 1.066 atenciones de carácter jurídico. A todas estas actuaciones se suman, para alcanzar las 14.434, 4.752 que corresponden a consultas y peticiones de información, de personas, administraciones, empresas o incluso asociaciones. 

En comparación con los datos de hace un año, ahora revelan que la ampliación del SAI LGTBI de Castilla-La Mancha ha permitido incrementar en un 72,8% la atención a personas, entidades o colectivos pasando de 3.354 actuaciones de 2025 a 5.797 en 2026 y de 120 a 201 expedientes nuevos de personas que requieren atención profesional y especializada. Y la tendencia es claramente al alza, porque en los primeros seis meses de 2026 ya se han realizado el 82,2% del total de atenciones de todo 2025. 

“Que el SAI LGTBI tenga cada vez mayor capacidad para atender a más personas, entidades y administraciones, y que estas recurran con mayor frecuencia al servicio, es una buena noticia. Significa que el recurso es más conocido, más accesible y que las personas LGTBI de Castilla-La Mancha cuentan con un mayor acompañamiento y protección”, ha asegurado la consejera.

Además, Simón ha querido subrayar que “tras esos 550 expedientes, hay 550 personas que demandan atenciones especializadas, que tienen que ver con episodios de desigualdad, de discriminación o con problemas de integración social en todos los ámbitos, en el pasado o en el presente”.

Equilibrio de atención en todo el territorio, con mayor cercanía a núcleos menos poblados

La consejera ha asegurado que “los datos demuestran no solo la fortaleza de un servicio tan joven como el SAI LGTBI de Castilla-La Mancha sino también que la ampliación está facilitando la atención, reduciendo barreras de desplazamiento, facilitando la información y otorgando al propio servicio una mayor capacidad de detección y de derivación. Y que esta aproximación al terreno nos permite indudablemente llegar a zonas menos pobladas donde la población LGTBI puede encontrarse con mayores dificultades”.

Atendiendo al balance, las provincias de Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete han visto ampliadas sus actuaciones, que pasan de las 1.172 a las 3.667 actuales, tras la creación de las nuevas oficinas. Igual que las atenciones especializadas, que pasan de 721 a 2.360. Cabe destacar, también, que Toledo no pierde actividad porque sus actuaciones se elevan de 2.131 a 2.398, aunque sus expedientes de alta nueva sí se reducen de 80 en 2025 a 68 en 2026.Con todo ello, la medida mensual de atenciones a nivel regional crece tras la ampliación de 304,9 actuaciones a 527.

Al margen de esta mejor distribución del servicio, Simón también ha explicado que la ampliación ha permitido acercarlo a núcleos menos poblados. En concreto, el 49,8% de los expedientes del SAI corresponden a atenciones en las capitales de provincia, mientras que el 50,2% corresponde a expedientes fuera de ellas. De hecho, en Ciudad Real, Toledo y Guadalajara, los expedientes procedentes de municipios distintos a la capital crecen hasta el 59,5% de los casos. 

La consejera ha finalizado remarcando que el despliegue provincial del SAI LGTBI ha permitido “algo mucho más valioso” como es “trabajar de forma coordinada con las unidades de delitos de odio de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, un trabajo más directo con asociaciones, colectivos y entidades del Tercer Sector, además de una mayor proximidad a centros educativos o a otras administraciones públicas”.

La ampliación del SAI LGTBI supuso una inversión adicional del 35%, elevando el coste anual del servicio hasta los 572.000 euros. El actual periodo finalizará en marzo de 2028, cuando el Gobierno de García-Page habrá invertido 2,4 millones de euros en el funcionamiento del servicio.