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  • Diario Digital | viernes, 07 de agosto de 2020
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Aprobado el proyecto de Ley de Patrimonio, el instrumento idóneo para llevar a cabo una gestión más racional, eficaz y eficiente de los bienes de la Comunidad Autónoma

El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno consta de 138 artículos, que son más del doble de artículos de los que tiene la actual normativa, lo que da una idea de hasta qué punto el nuevo marco normativo que impulsa el Gobierno de Emiliano García-Page es una de las legislaciones más avanzadas y novedosas en la materia.

Aprobado el proyecto de Ley de Patrimonio, el instrumento idóneo para llevar a cabo una gestión más racional, eficaz y eficiente de los bienes de la Comunidad Autónoma

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que será una de las legislaciones más avanzadas en la materia para lograr un marco adaptado a la realidad institucional, organizativa y patrimonial de la Administración regional, así como un instrumento idóneo para llevar a cabo una gestión más racional, eficaz y eficiente de dicho patrimonio.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha avanzado en rueda de prensa la aprobación en la reunión de ayer del Consejo de Gobierno de este proyecto de ley, que será registrado inmediatamente en las Cortes regionales para comenzar con su correspondiente tramitación parlamentaria.
 
Una tramitación que Ruiz Molina se ha mostrado confiado en que se desarrolle sin dificultades de índole política o ideológica, al tratarse de una norma “de carácter estrictamente técnico”.
 
El Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es una de las instituciones jurídicas previstas en el Estatuto de Autonomía y, cumpliendo con el mandato estatutario, en 1985 se aprobó la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, que fue desarrollada al año siguiente mediante un Decreto, por el que se aprobó el reglamento para su aplicación.
 
Esta normativa se ha quedado obsoleta por los significativos cambios que se han producido desde su promulgación hace 35 años, tanto en el ámbito normativo como en la propia configuración del patrimonio, lo que justifica la necesidad de aprobar una nueva Ley para la gestión y administración del patrimonio, ha explicado Ruiz Molina.
 
El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno consta de 138 artículos, que son más del doble de artículos de los que tiene la actual normativa, lo que, según ha resaltado Ruiz Molina, da una idea de hasta qué punto el nuevo marco normativo que impulsa el Gobierno de Emiliano García-Page es una de las legislaciones más avanzadas y novedosas en la materia.
 
“Ello permitirá”, ha continuado, que Castilla-La Mancha cuente con “un marco regulatorio más completo, totalmente renovado, adaptado a las circunstancias actuales y acorde a la legislación básica del Estado en la materia”.
 
Adecuar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha enumerado durante la rueda de prensa los principales objetivos de esta nueva ley, entre los que se encuentra acomodar la normativa patrimonial a la realidad institucional de la Junta de Comunidades y a la actual situación del patrimonio regional.
 
En este sentido, Ruiz Molina ha explicado que desde 1985 la Junta de Comunidades ha experimentado un fuerte desarrollo tanto orgánico como competencial y, además, el patrimonio del que dispone se ha incrementado considerablemente, al asumir competencias y servicios públicos, con el correspondiente traspaso de los bienes patrimoniales.
 
Al respecto ha añadido que, según el Inventario General de Bienes y Derechos, la Junta de Comunidades cuenta con 7.255 bienes inmuebles, 2.262 elementos de transporte o cerca de 750 bienes intangibles.
 
El segundo de los objetivos, en palabras de Ruiz Molina, es actualizar esta ley de acuerdo con el marco normativo de carácter administrativo en el que se inserta la legislación patrimonial, que ha sufrido una transformación de gran alcance en estos 35 años, así como adecuar la legislación del patrimonio autonómico al ordenamiento general administrativo.
 
En tercer lugar, se pretende adaptar el contenido de la norma a las circunstancias actuales de la gestión patrimonial, incorporando nuevos contenidos y figuras jurídicas ya previstas en otras legislaciones reguladoras del patrimonio público.
 
Y, finalmente, el cuarto objetivo es fomentar la publicidad y la transparencia de la gestión patrimonial.
 
Nuevo régimen sancionador y regulación de los negocios jurídicos patrimoniales
 
La rueda de prensa del titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha continuado con las principales novedades que incorpora la nueva normativa sobre patrimonio, aunque, según ha resaltado Ruiz Molina, puede decirse que es novedosa en su totalidad.
 
Entre estas novedades se encuentra la nueva regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, es decir, aquellas cuestiones de derecho público relativas a la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta de Comunidades.
 
También el proyecto de Ley establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales, de tal forma que se regulan los supuestos que legitiman el otorgamiento de las mismas, los nuevos plazos máximos, el régimen económico o el contenido mínimo de los pliegos reguladores.
 
Ruiz Molina ha explicado que también se regulan los aspectos fundamentales de la tramitación de los expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión, ajustando dicha tramitación a las normas y principios del procedimiento administrativo común; al tiempo que se acomete un régimen sancionador completamente nuevo y que se adecúa a las prescripciones del resto de normativa administrativa. 
 
Además, por primera vez se aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta de Comunidades, con la finalidad de procurar un aprovechamiento más racional, eficaz y eficiente del parque de oficinas administrativas.
 
Finalmente, Ruiz Molina ha mencionado la regulación más completa, unitaria y actualizada del patrimonio empresarial de la Junta de Comunidades, con especial atención a las empresas públicas, y la renovación de la reglamentación del Inventario General como otras de las novedades de esta ley.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado la presentación del proyecto de Ley ante los medios de comunicación destacando que “la nueva norma acabará con el desajuste que en este momento se produce entre la actual legislación patrimonial de la región y la realidad actual de la Comunidad Autónoma, de mayor entidad y complejidad que en el año 1985 en el ámbito institucional, organizativo, competencial y, consecuentemente, patrimonial”.