Quijote Digital

  • Diario Digital | lunes, 29 de noviembre de 2021
  • Actualizado 03:31

Castilla-La Mancha destinará 228 millones en 2022 para la modernización de la Administración regional y el impulso al empleo público

El presupuesto de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para el próximo ejercicio supone un incremento del 27 por ciento respecto al de 2021 y un 56 por ciento más si se compara con 2020, lo que refleja la consolidación del gasto expansivo autonómico, con una fuerte apuesta por la administración digital.

Castilla-La Mancha destinará 228 millones en 2022 para la modernización de la Administración regional y el impulso al empleo público

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 228 millones de euros en 2022, fundamentalmente, para la modernización de la Administración regional y el impulso del empleo público, un incremento del 27 por ciento respecto al presupuesto de 2021 y del 56 por ciento si se compara con 2020, lo que refleja la consolidación del gasto expansivo autonómico, que se puede constatar, sobre todo, en su capítulo inversor, que cuadruplica su cuantía, pasando de 20 a 84 millones de euros en dos años, con el objetivo prioritario de avanzar hacia la administración digital.
 
Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha comparecido esta tarde para informar sobre los presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para 2022.
 
Antes de detallar las cuentas de este departamento, el consejero ha hecho hincapié en el “carácter transversal” de esta área de Gobierno, que además de coordinar los recursos financieros, humanos y tecnológicos, también asume las competencias de administración local y protección ciudadana.
 
Ruiz Molina ha explicado que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se plantea “importantes objetivos” de cara al próximo ejercicio, entre ellos, el fortalecimiento de los servicios públicos y su modernización a través de la transformación digital, a lo que se dedicarán 103 millones de euros, lo que supone un incremento del 45 por ciento respecto a este año “para avanzar en el proceso de digitalización de la Administración regional desde la innovación y la calidad”.
 
Esto implica, ha continuado, invertir en ciberseguridad, mediante la utilización de la inteligencia artificial; poner en marcha herramientas innovadoras para sacar el máximo provecho a la información que se genera en el espacio digital; implantar la tecnología de nube híbrida y desarrollar el Plan de Capacitación Digital para reducir la brecha digital. Unas actuaciones que, como ha precisado, están relacionadas con los tres centros de conocimiento sobre ciberseguridad, tecnología en la nube e inteligencia del dato, ubicados en el Centro Regional de Innovación Digital de Castilla-La Mancha.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que un segundo objetivo es el impulso al empleo público y, en este contexto, ha avanzado que en el ejercicio 2022 se aprobará una Oferta Pública de Empleo de los tres sectores: sanidad, educación y Administración General, con al menos 1.630 plazas, cuyos procesos selectivos se realizarán a lo largo de 2023.
 
Igualmente, ha recordado que desde 2016 se han aprobado más de 15.700 plazas de empleo público y la previsión es llegar a más de 20.000 en el año 2023, con el objetivo fundamental de blindar las plantillas, reducir la tasa de interinidad y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan, además de que el próximo año se aplicará un incremento retributivo del dos por ciento al personal de la Junta, que es el máximo autorizado por el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado.
 
Eficiencia energética y modernización del 1-1-2
 
El consejero ha indicado que otro de los objetivos de este presupuesto es adecuar el patrimonio de la Junta a la exigencia de la lucha contra el cambio climático, de modo que en 2022 se destinará una inversión cercana a los 30 millones de euros a proyectos de rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética.
 
El cuarto objetivo es reforzar la capacidad de coordinación en materia de seguridad ciudadana, ha dicho Ruiz Molina, para lo que esta Consejería dispone de un presupuesto que superará los diez millones de euros el próximo año, lo que supone un incremento de más del 30 por ciento desde 2016. En este punto, ha adelantado que en 2022 se licitará la redacción del proyecto de un nuevo edificio para albergar las instalaciones del 1-1-2, en el marco del proceso de modernización de este servicio iniciado hace seis años.
 
Además, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha mostrado su satisfacción por poder tramitar el presupuesto en tiempo y forma, “la mejor manifestación de la estabilidad política de la que gozamos en la región”, ha concluido.
 
En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, el consejero ha señalado que, de acuerdo con los datos de contabilidad, a 30 de septiembre de 2021 se había gastado un 30 por ciento más que en la misma fecha del año pasado, de manera que, frente a los 7.554 millones ejecutados a 30 de septiembre de 2020, este año en el mismo periodo se han ejecutado 9.957 millones, es decir, 2.400 millones más.
 
Aprobado el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas
 
Por otra parte, Ruiz Molina ha aprovechado la rueda de prensa previa a su comparecencia para explicar también que el Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, el proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha, que incluye la rebaja fiscal anunciada por el presidente Emiliano García-Page en el último Debate del Estado de la Región.
 
Una norma que contiene, no solo la eliminación de 19 tasas, entre ellas la de caza y pesca para los residentes en Castilla-La Mancha, sino también “un importante conjunto de desgravaciones fiscales” para las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad y las empresas, ha remarcado el consejero, que se suma a las que ya recoge la Ley frente a la despoblación aprobada el pasado mes de mayo.