Castilla-La Mancha es la única comunidad que ha propuesto medidas en contra de la ocupación ilegal de viviendas para ayudar a las familias afectadas

Castilla-La Mancha ha sido el único Gobierno de toda España que ha propuesto medidas para atajar la ocupación ilegal a través de la Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas aprobada en las Cortes regionales.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en el trascurso del debate general en torno a este tema que se ha celebrado en la cámara regional donde ha enfatizado que “éste es el Gobierno, el único Gobierno, que no mira para otro lado y que ha querido plantear las cosas de manera propositiva, constructiva, con lealtad hacia otros partidos políticos, con lealtad hacia las demás administraciones; pero, ante todo, con lealtad y con la seriedad de que queremos apoyar a las víctimas y no apoyarnos en las víctimas”.

En este sentido, Hernando ha destacado que “podemos estar satisfechos y con la conciencia tranquila, ya que Castilla-La Mancha ha sido la única Comunidad Autónoma que ha tomado una decisión sin tener ninguna obligación, excepto la obligación moral de dar una respuesta a las víctimas de la ocupación ilegal”; “mucho más de lo que han hecho un gobierno del PP y Vox en toda España”, ha apostillado.

El consejero de Fomento ha reprochado al PP que cuando se aprobó la proposición de ley promovida por el PSOE en las Cortes no la apoyaran “aun contando con un 80 por ciento de sus aportaciones”; y les ha afeado que “se apoyaron en las víctimas, pero no apoyaron a las víctimas”.

Asimismo, ha apelado a los demás grupos políticos para instar a que “el Congreso de los Diputados reanude la Comisión de Justicia en la que se debaten las enmiendas que incluyen los aspectos de nuestra ley, la de Castilla-La Mancha, para poder plantear soluciones y herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la fiscalía, a la judicatura, para que, una vez más, el estado de derecho proteja a los que menos tienen y no a los delincuentes”.

Hernando ha recalcado que “tenemos la obligación moral de distinguir lo que ha sido un drama para este país, como los desahucios por culpa de la crisis económica, con los que, de manera premeditada y con un fin lucrativo, se aprovechan de tantas familias que sufren un drama a través de una acción delictiva”.

De esta manera, ha remarcado que hay que “poner el foco en las víctimas como son el propietario del inmueble, los vecinos que tiene que soportar la ocupación ilegal y las familias que sufren vulnerabilidad y que están inscritos en la bolsa de demandantes de vivienda pública”.

Durante su intervención, el responsable de Fomento ha puesto como ejemplo la actuación que ha calificado de “modélica y ejemplar” llevada a cabo en la calle Joan Miró de Puertollano “donde han colaborado todas las instituciones y administraciones para poder desalojar a los ocupas”.

Ley de Medidas Integrales para la convivencia y contra la ocupación ilegal de viviendas

Nacho Hernando ha enumerado las principales medidas que contempla la iniciativa presentada por Castilla-La Mancha como la definición de la ocupación ilegal; reforzamiento de la tutela penal, la reforma legal para el endurecimiento de la pena; agravantes para las mafias del sector inmobiliario; medidas de justicia restaurativa y de justicia penal premial.

Asimismo, ha explicado que en la ley se excluye el delito de allanamiento de morada de la competencia judicial del Tribunal del Jurado; se permite el desalojo inmediato del inmueble como diligencia penal y en 48 horas los Juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa.

Además, en la iniciativa legislativa se contempla que las comunidades de propietarios quedan legitimadas para poder denunciar las ocupaciones; y se permite la adopción por parte de estas comunidades de acciones preventivas físicas como cerramientos o la instalación de puertas antivandálicas para evitar las ocupaciones ilegales.

También, se legitima a los ayuntamientos para poder denunciar ocupaciones ilegales; se habilita a las administraciones públicas a adoptar las medidas preventivas físicas para prevenir ocupaciones ilegales; se permite a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proceder a la entrada y registro en los inmuebles ocupados; y “se modifican las reglas del padrón municipal porque nos acordamos de los más inocentes” para habilitar a las comunidades autónomas a que “no le exijamos el padrón a los menores, garantizando en todo momento su protección en prestaciones tan esenciales como la atención sanitaria y educativa”.