El Gobierno regional fija la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas como eje de la reforma de la financiación autonómica

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta para avanzar hacia un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga como principio irrenunciable la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, garantizando que todas las comunidades autónomas cuenten con los recursos necesarios para prestar los servicios públicos esenciales en condiciones de equidad.

Así lo ha manifestado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación previas al pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se ha celebrado hoy en Madrid, el primero que ha presidido el ministro de Hacienda, Arcadi España, y donde ha estado acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Ruiz Molina ha defendido las palabras del presidente García-Page de igualar la financiación de las comunidades autónomas, de forma que toda la ciudadanía pueda acceder a unos servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, “con el mismo nivel de calidad”, con independencia de dónde vivan o de la capacidad económica del territorio en el que residan.

La financiación autonómica debe negociarse entre todas las comunidades autónomas

Minutos antes de comenzar el pleno, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha vuelto a defender que la reforma del sistema de financiación autonómico debe abordarse desde el consenso y la negociación multilateral, garantizando la participación de todas las comunidades autónomas en un asunto que afecta al conjunto del Estado.

En este sentido, ha lamentado las “manifestaciones imprudentes” por parte de la consejera de Hacienda de Cataluña en las que da por hecho que se va a aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, previsiblemente en el siguiente CPFF a finales de julio; modelo que se ha pactado de forma “unilateral” y con una sola comunidad autónoma, con un solo partido político.

A colación de este asunto, se ha preguntado para qué han servido las reuniones bilaterales en las que han participado algunas comunidades autónomas y donde se ha puesto de manifiesto el modelo que se defiende, como ha sido el caso de Castilla-La Mancha. En este contexto, ha deseado que estos encuentros no hayan sido un paripé y ha echado de menos que el Gobierno central no haya desmentido a la consejera catalana, generando incertidumbre sobre el proceso de negociación.

“Rechazo absoluto” a la propuesta presentada por el Gobierno central

Frente a ello, Juan Alfonso Ruiz Molina ha reiterado que la posición de Castilla-La Mancha en cuanto al nuevo modelo de financiación es de “rechazo absoluto” porque defiende el principio de ordinalidad, el cual, fue reiterado por la anterior vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y también por aquellos que han participado en la negociación, como han sido ERC, que decían que “este principio se respetaba para Cataluña”. 

Y ha reiterado estar en contra de la propuesta por la forma, porque se ha negociado con una sola comunidad autónoma, y por el fondo, porque estamos en contra del principio de ordinalidad que trata de dar privilegios a una comunidad autónoma en detrimento de las otras, y que dice “que quien más tiene más tiene que recibir”.

Objetivos de estabilidad y margen presupuestario para 2027

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se van abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años, con especial atención al ejercicio 2027, ya que de ellos depende el “margen de maniobra del que disponemos para poder afrontar el presupuesto del próximo año, al menos aquellas comunidades que elaboran y aprueban sus cuentas en tiempo y forma cada ejercicio, como es el caso de Castilla-La Mancha”.

En este sentido, el consejero ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico queremos disponer de un mayor margen de maniobra para afrontar las cuentas del próximo ejercicio y, por ello, ha reclamado al Partido Popular que permita la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, ha indicado que es positivo que el Gobierno de España presente su propuesta para que pueda ser debatida y, en su caso, rechazada durante su tramitación parlamentaria.

Asimismo, ha defendido que el nivel de déficit autorizado para las comunidades autónomas no debería ser un elemento de discusión si existiera un sistema de financiación autonómica que cubriera adecuadamente las necesidades reales de gasto de los territorios. Un modelo de financiación suficiente, que según ha remarcado, “reduciría la dependencia de los márgenes de déficit para garantizar la prestación de los servicios públicos”.