En primer lugar, con respecto a los viajes, que muchas personas tendrían contratados antes del Covid-19 y de la declaración del estado de alarma, la OMIC informa que si se tiene comprado el billete de avión, tren u otro medio de transporte por cuenta propia, la persona tiene hasta 14 días desde el final del estado de alarma para cancelar el viaje sin penalización. Tras la solicitud de cancelación, la empresa tiene un plazo de 60 días para ofrecerte una alternativa que sea satisfactoria para el consumidor. En caso de que no sea satisfactorio lo que ofrece, tras los 60 días, se tiene derecho a que se le reembolse el importe abonado en un plazo de 14 días. No obstante, si ha sido la aerolínea la que ha cancelado el viaje, debe devolver los importes en un plazo de 7 días.
Si de lo que se trata es de una estancia en un hotel u otro tipo de alojamiento o servicio el consumidor tiene hasta 14 días desde el final del estado de alarma para cancelar el contrato sin penalización. Tras la solicitud de cancelación, la empresa tiene un plazo de 60 días para ofrecer una alternativa que sea satisfactoria para el cliente. En caso de que no sea satisfactorio lo que ofrece, tras los 60 días, el cliente tiene derecho a que se le reembolse el importe abonado en un plazo de 14 días.
Los servicios funerarios, otra de las grandes consultas
Si durante el estado de alarma un familiar ha fallecido y se detecta que los precios de los servicios funerarios son excesivos, la persona deber ponerlo en conocimiento de las autoridades de Consumo de su Comunidad Autónoma. Si un servicio funerario le ha cobrado por encima del precio establecido como máximo, el consumidor tiene derecho a que se le reembolsen la diferencia. El precio máximo para estos servicios es el que se estableciera antes de la declaración del estado de alarma.
En el caso de que la persona fallecida contara con un seguro de vida y deceso que incluyese servicios funerarios que no se han podido prestar, los herederos podrían pedir el reembolso por esos servicios.
