“La profesión agraria merece respeto”. Este ha sido uno de los lemas de los manifestantes que, con tractores y coches, se han concentrado hoy en dos vías de comunicación de la provincia de Toledo, la A-5, a la altura de Otero, y la A-4 en Madridejos, convocados por ASAJA-Toledo, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, para protestar por la situación del campo y contra unas políticas en materia agraria y medioambiental que están asfixiando al sector, abocándolo a una crisis de falta de rentabilidad sin precedentes.
Los agricultores y ganaderos han protagonizado cortes de las autovías en varios momentos, al grito de “El campo no se vende, el campo se defiende”. El sector exige respeto por parte de los gobiernos europeo, nacional y regional y todos los representantes de las organizaciones convocantes han resaltado la importancia de que el sector permanezca unido, ya que defienden lo mismo.
Manifestantes y tractores se han ido congregando en los arcenes de las vías, ocupando en diversos momentos un carril de las autovías y allí han permanecido denunciando una política comunitaria que legisla de espaldas a la realidad del campo español. En este sentido, la presidenta provincial de ASAJA, Blanca Corroto ha vuelto a exigir una revisión completa de la PAC. “Nos enfrentamos a dos graves problemas. El primero, una PAC con unas medidas que, en muchos casos, son inviables “, refiriéndose a temas como la exigencia de un cuaderno digital cuando en muchas zonas apenas hay cobertura de internet, y a un presupuesto agrario cada vez más escaso. Así, ha afirmado, “al recorte de las ayudas PAC de un 14% de media se une lo que el agricultor toledano pierde por no poder hacer los eco-regímenes, que suponen otro 25% de las ayudas europeas. Y todo, con más limitaciones y más exigencias”. Por esta razón, ha pedido un cambio radical del Plan Estratégico Nacional de la PAC.
Corroto también ha reivindicado posponer la Agenda 2030, que engloba todas las imposiciones medioambientales sin dar herramientas al campo, que no sólo tiene que asumir el coste de las limitaciones a la actividad agrícola y ganadera, sino que, además, está disparando los costes de producción, con el incremento de la energía, de los carburantes, de los productos fitosanitarios. “Para conseguir una transición ecológica exitosa, la nueva fecha límite debería ser al menos el año 2050, además de contar con herramientas y con un presupuesto específico fuera de la PAC para cumplir con las políticas medioambientales de la Unión Europea”.
Por otro lado, ha rechazado rotundamente la política de restricciones impuesta en los planes hidrológicos que afectan a la provincia y se ha exigido una política de agua de inversiones y soluciones, que vertebre nuestro país con infraestructuras hidrológicas.
Desde ASAJA Toledo se ha insistido en la necesidad de paralizar las nuevas normativas comunitarias como la Ley de la Restauración de la Naturaleza y otras que supongan limitaciones medioambientales a la actividad agraria y de exigir reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que Europa, con cláusulas espejo en los acuerdos que se puedan firmar y con un incremento del control sanitario de producciones primarias en frontera.
Los agricultores también piden una mayor eficiencia de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales y que los precios que perciben los agricultores y ganaderos cubran los costes de producción.
Además, los agricultores y ganaderos reivindican otros puntos importantes como.
La bonificación del gasóleo agrícola de forma indefinida.
Reforzar los seguros agrarios con el fin de adaptarlos a la situación actual de fenómenos adversos, como la sequía, mejorando su cobertura, incluidos los daños de fauna silvestre y aumentando su presupuesto.
Pedir instrumentos financieros que aporten liquidez a los sectores más afectados por la falta de rentabilidad e incentivos fiscales y laborales para fomentar el relevo generacional en el campo.
Reducción de la carga administrativa que soporta el agricultor y ganadero.
Un Plan de sanidad animal, coordinado entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, que afronte los retos de las enfermedades con medidas compensatorias por la totalidad de las pérdidas y contemple protocolos de actuación, así como una revisión de la normativa en materia de transporte y bienestar animal para que garantice la competitividad del sector y evite una dependencia alimentaria externa.
Control de la fauna salvaje e indemnizaciones justas de los daños producidos.
