Unión de Uniones denuncia la subida del precio ante la psicosis

Lo que está ocurriendo en esta campaña es un total aprovechamiento de las circunstancias sociales.
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Estamos presenciando un abuso de precios en el aceite de oliva virgen extra en el lineal del supermercado, aprovechando la situación de escasez de aceite de girasol y la psicosis del desabastecimiento.

Con la aceituna recogida y ya pagada al agricultor, con los costes de molienda realizados, y con el aceite en los depósitos de los almacenistas, no cabe lógica alguna para disparar los precios de venta al público. El coste de elaboración de este producto (elaborado en 2021) no ha subido, y no hay expectativas de carencia a corto plazo.

Si bien es cierto que los costes de la actual campaña sí subirán (pero aún no hay flor en el olivo, ni por tanto fruto, ni por tanto aceite que elaborar o comercializar), hoy mismo se puede encontrar un litro de aceite en grandes superficies por valor de 7,25€ litro, cuando hace unas semanas estaba a 3,90€/L, es un ataque más al agricultor, que ha liquidado su aceituna a precio de 3,90€/L.

Ya es un clásico el que el precio durante la cosecha sea bajo y que durante el año se dispare. Esa subida no repercute al productor, pero sí al comercial, envasador o almacenista. Paga el consumidor, el agricultor perece. Pero lo que está ocurriendo en esta campaña es un total aprovechamiento de las circunstancias sociales.

La concentración de la oferta en los últimos años en unas pocas marcas de grandes superficies, y la indefensión del agricultor y ganadero a la hora de defender un precio por su producto (que siempre se le impone y poco puede hacer), así como el abandono de los sucesivos gobiernos ahondan en el abandono del sector.

¿Quién querrá ser agricultor con estas condiciones?

Si preocupa el despoblamiento y la soberanía alimentaria, ¿por qué darle la espalda al sector?

¡Elecciones en el campo ya! Estamos en manos de gente que no defiende al sector agrario. La falta de democracia en el campo, y el apesebramiento de las organizaciones agrarias, que tienen asignada la representatividad a dedo por la Consejería por una ley derogada y con certificados caducados, paralizan al sector.

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