El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto que regula ayudas para impulsar la contratación indefinida, adaptar puestos de trabajo y acompañar la incorporación de personas vulnerables a empresas ordinarias,dotado con 1,5 millones de euros para 2026. Así lo ha anunciado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha señalado que se trata de una medida que cuenta con “un importante componente social” y que, a la vez, es “profundamente transformadora”, puesto que ayuda a que aquellos derechos ya reconocidos sobre el papel “se lleven a cabo en el día a día”.
A este respecto, Padilla ha subrayado que “pocas cosas dan más autonomía y más dignidad a una persona que poder acceder a un empleo, mantenerse en él y desarrollarlo en igualdad de condiciones”. Por ello, ha defendido que el decreto busca evitar que una discapacidad, una capacidad intelectual límite o un trastorno del espectro del autismo se conviertan en “una barrera insalvable” para trabajar.
La aprobación de este decreto llega en un contexto en el que la brecha laboral sigue siendo muy acusada, ha relatado la consejera. Según los últimos datos disponibles del INE, correspondientes a 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situó en el 35,4%, menos de la mitad que la de las personas sin discapacidad, que alcanzó el 78,5%. Unas cifras que, según la consejera, evidencian que el acceso al empleo sigue siendo desigual y que, por tanto, la inclusión laboral necesita algo más que voluntad: “requiere políticas específicas, presupuesto y acompañamiento”.
Una de las principales novedades del decreto es la incorporación expresa de las personas con trastorno del espectro del autismo como colectivo beneficiario de estas ayudas y aquellas con capacidad intelectual límite, “incluso cuando no tengan reconocida oficialmente una discapacidad”, ha explicado Padilla. Un compromiso fruto del diálogo que el Gobierno regional, y concretamente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Bienestar Social; ha desarrollado con la Federación Regional de Autismo “y que va a ser una realidad ya en la próxima convocatoria, a través de la modificación de este decreto”, ha incidido.
En este sentido, Esther Padilla ha destacado que el texto incorpora “una mirada más precisa sobre la vulnerabilidad laboral”, porque no se limita a quienes tienen una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, sino que atiende también a personas que “pueden necesitar apoyos específicos” para incorporarse y mantenerse en el empleo.
Itinerario completo para la inclusión laboral
El decreto se articula en cuatro líneas de ayuda, ha avanzado Padilla. La primera, dotada con 1,25 millones de euros, concentra la mayor parte del crédito y está dirigida a fomentar la contratación estable. Subvenciona tanto la contratación inicial indefinida, incluida la modalidad de fijo discontinuo, como la transformación de contratos temporales en indefinidos.
Las ayudas serán de 8.000 euros cuando la persona contratada sea hombre y de 8.500 euros cuando sea mujer, siempre que el contrato sea a jornada completa. En los contratos a tiempo parcial, la cuantía se reducirá de forma proporcional. “Damos un incentivo adicional a la contratación de mujeres, que suelen tener más dificultades para acceder al mercado laboral”, ha precisado la consejera Portavoz.
La segunda línea, con 75.000 euros, se dirige a adaptar el entorno laboral a las necesidades reales de la persona trabajadora. Esta ayuda permitirá financiar equipos de protección personal, eliminar barreras arquitectónicas, adaptar maquinaria, herramientas, mobiliario o medios de transporte, adquirir tecnologías accesibles o prestar servicios de interpretación en lengua de signos. La cuantía podrá alcanzar hasta 1.000 euros por persona contratada que necesite esa adaptación.
La tercera línea, dotada también con 75.000 euros, busca facilitar el paso desde el empleo protegido al mercado ordinario. Para ello, subvenciona la contratación indefinida de personas procedentes de enclaves laborales, fórmulas de colaboración entre empresas y centros especiales de empleo. En la práctica, esta línea permite que una persona que ya trabaja en un entorno protegido y que desarrolla una actividad vinculada a una empresa ordinaria pueda incorporarse directamente a esa empresa con un contrato indefinido. La empresa ya conoce su trabajo y, si decide contratarla de forma estable, puede acceder a esta ayuda.
La cuarta línea, con 125.000 euros, financiará los costes salariales y de Seguridad Social del personal preparador laboral que realiza acciones de empleo con apoyo. Esta figura acompaña a la persona trabajadora en su adaptación al puesto, realiza seguimiento individualizado, facilita la relación con la empresa y con el resto de la plantilla, apoya el desarrollo de habilidades sociales y laborales y asesora a la entidad empleadora sobre las necesidades de adaptación.
La consejera Portavoz ha remarcado que el decreto no se limita a subvencionar contratos, sino que busca construir “itinerarios completos de inclusión laboral”, desde la contratación estable hasta la adaptación del puesto, la eliminación de barreras físicas o de comunicación y el acompañamiento dentro de la empresa.
Empresas, autónomos y entidades sociales
Podrán acceder a estas ayudas empresas privadas, personas autónomas, sociedades laborales, cooperativas, comunidades de bienes, sociedades civiles y entidades privadas sin ánimo de lucro. El Gobierno regional quiere implicar así al conjunto del tejido productivo y social de Castilla-La Mancha en una inclusión laboral que, en palabras de Padilla, “interpela al conjunto de la sociedad”.
La medida se enmarca a su vez en la Estrategia Regional por el Empleo 2023-2027, la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para avanzar hacia un mercado laboral más estable, inclusivo y adaptado a las necesidades reales de las personas y de las empresas. Según ha recordado la consejera, el empleo inclusivo concentra uno de cada tres euros de esta estrategia, lo que demuestra que para el Gobierno regional es una prioridad presupuestaria.
Obras en la residencia de Santa María de Benquerencia
En otro orden de asuntos, la portavoz ha señalado que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del encargo realizado por la Consejería de Bienestar Social a la empresa pública TRAGSA, por el trámite de emergencia, para ejecutar las obras necesarias en la residencia de mayores del barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, con una inversión prevista de 2,2 millones de euros.
Padilla ha señalado que tanto el seguimiento y el mantenimiento habitual del edificio como la evolución observada en la red de saneamiento hacen necesaria esta actuación para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura, evitar vertidos y reducir los riesgos asociados al deterioro detectado. Asimismo, ha indicado que el estado actual de esta parte del edificio podría estar relacionado con la forma en la que se llevó a cabo inicialmente la instalación del sistema de saneamiento.
