El Gobierno regional presentará en el curso 2025-26 la Ley de Universidades que blindará la relación con la Administración autonómica

El Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de mañana un decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en Castilla-La Mancha, para el curso 2024-2025, de una nueva optativa centrada en la Unión Europea.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta mañana que el Gobierno regional presentará en el curso 2025-2026 la Ley de Universidades que, entre otras cosas, blindará las relaciones de éstas con la región. Así lo ha especificado el jefe del Ejecutivo regional tras la rúbrica de sendos convenios para la realización de prácticas en los centros del Sescam, con la Universidad de Castilla-La Mancha y la de Alcalá.
 
En este contexto, García-Page, que ha opinado que la prestación de servicios educativos y sanitarios “no se pueden medir con parámetros de rentabilidad”, ha recordado que el mundo universitario tiene retos y desafíos como la Ley Orgánica del Sistema Universitario, más conocida como LOSU. Una ley que, ha apuntado, “nació sin ‘Almax’ para digerirla”.
 
“Afortunadamente agradezco a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, porque realmente ha puesto la carne en el asador para por lo menos intentar llegar al 80 por ciento de financiación del gasto”, ha considerado, si bien ha garantizado que desde el Ejecutivo regional “vamos a seguir reclamando el 100 por cien, porque es de justicia y facilita la digestión de una legislación que no puede imponerse con esa doctrina de yo invito, tú pagas”.
 
El convenio firmado hoy por el presidente de Castilla-La Mancha, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y los rectores de la UCLM, José Julián Garde, y de la UAH, José Vicente Saz, y en el que también ha estado presente el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, supone que los estudiantes puedan realizar prácticas en áreas distintas a ciencias de la salud en centros sanitarios Sescam. Según ha indicado García-Page, se estima que para este primer año cerca de un centenar de estudiantes de distintas disciplinas puedan ser los primeros beneficiarios de este convenio.
 
Además, según ha apuntado el mandatario castellanomanchego, a lo largo de los próximos años se tiene intención de ampliar la puesta en marcha de prácticas de los egresados en los distintos campus de la Comunidad Autónoma, en otros servicios de la Administración regional con la finalidad de que “el talento y la formación en la que invertimos se quede en esta tierra”, ha explicado.
 
En esta línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que el Consejo de Gobierno en su reunión habitual de los martes dará el visto bueno, mañana, a un decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en Castilla-La Mancha, para el curso 2024-2025, con una nueva optativa centrada en formación sobre la Unión Europea.
 
18 de abril en Bruselas
 
Precisamente, en alusión a la Unión Europea, García-Page ha avanzado que el 18 de abril “muchos presidentes autonómicos vamos a hacer piña en Bruselas con un objetivo común, y es intentar que la Unión Europea se permeabilice, que se vaya quitando cierto fanatismo burocrático que nos está llevando a un alejamiento evidente de la realidad, sobre todo en la realidad que está padeciendo el campo español y en particular el campo de Castilla-La Mancha”.
 
“Soy razonablemente optimista de que eso se termine abriendo paso”, ha considerado, al tiempo que ha dicho que “los ciudadanos vayan entendiendo que en Bruselas se deciden muchas cosas cotidianas, que se habla de lo nuestro y de las cosas de comer. Se trata de que cada vez seamos más vecinos”.
 
Continuando por la universidad, el presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a “los nuevos aventureros del negocio universitario”, a quienes se ha dirigido al advertir que “en la Ley de Universidades 2025/26 quedará muy claro cuáles son los límites mínimos exigibles si alguien pretende establecer legítima y constitucionalmente el servicio universitario por la vía privada”. Así, ha añadido que el Ejecutivo que preside no es contrario a la docencia universitaria privada siempre que ésta garantice los parámetros de investigación, calidad y exigencia, tanto académica como científica e investigadora.

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