La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Ana Cantarero, ha aseverado que el informe sobre la Ley LGTBI evidencia que García-Page “legisla deprisa y desarrolla despacio”.
Así lo ha resaltado hoy durante la sesión plenaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se ha debatido el primer informe trienal sobre el grado de cumplimiento e impacto social de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha.
“Este documento pone de manifiesto que el Gobierno de Emiliano García-Page llega tarde en demasiadas cuestiones y demuestra que vuelve a legislar deprisa y desarrollar despacio”.
Durante su intervención, Cantarero ha señalado que una ley “no se evalúa por las buenas intenciones con las que fue aprobada ni por el número de actos institucionales o campañas que se organizan, sino comprobando si se desarrolla, si se aplica y, sobre todo, si mejora realmente la vida de las personas”. En este sentido, ha lamentado que el informe no lo consigue porque “no tenemos datos reales ni objetivos sobre lo que ha mejorado e influenciado en los casos reales la aplicación de la Ley”.
La diputada popular ha querido dejar claro que el PP “defiende la igualdad de todos los ciudadanos, la dignidad de todas las personas y rechaza cualquier forma de discriminación, violencia o delito de odio”, pero ha subrayado que defender esos derechos también significa exigir que las administraciones cumplan con sus obligaciones, recordando que “los derechos no se garantizan con titulares, se garantizan con gestión”.
Asimismo, ha reconocido que durante estos tres años se han producido avances y que se han impulsado recursos, actuaciones y nuevos servicios que el PP valora positivamente. No obstante, ha advertido de que siguen sin desarrollarse aspectos esenciales previstos por la propia ley, como el pleno funcionamiento del Consejo LGTBI, la aprobación del Plan Estratégico o una coordinación efectiva entre las distintas consejerías, lo que demuestra, a su juicio, que muchas actuaciones siguen dependiendo de iniciativas puntuales y no de una verdadera política transversal.
En este contexto, Cantarero ha incidido en que el informe recoge numerosas actuaciones, campañas, cursos y actividades, pero carece de indicadores que permitan conocer si esas políticas están mejorando realmente la vida de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha.
“Gobernar no consiste únicamente en hacer cosas, consiste en demostrar que esas actuaciones funcionan y esa constituye una de las principales debilidades del documento”, ha afirmado.
Igualmente, la diputada regional ha mostrado su preocupación por la desigualdad territorial reflejada en el propio informe, “la igualdad no puede quedarse en las capitales”, sino que debe llegar también al medio rural, donde las dificultades son mayores y los recursos más limitados.
Finalmente, Ana Cantarero ha reclamado al Gobierno de García-Page que complete el desarrollo reglamentario de la Ley, ponga en funcionamiento todos los órganos previstos, apruebe el Plan Estratégico, coordine la actuación de todas las consejerías, evalúe las políticas públicas mediante indicadores objetivos y medibles, refuerce los servicios en el medio rural, continúe formando a los profesionales y mantenga la colaboración con las entidades sociales desde los principios de transparencia y objetividad.
“La diferencia entre gobernar para la fotografía y gobernar para obtener resultados reside en cumplir lo que la propia ley obliga a hacer. Tres años después aún quedan demasiadas obligaciones pendientes, y eso no lo dice el PP, lo dice el propio informe que hoy debatimos. Confío en que este primer informe sirva para corregir aquello que todavía no funciona, porque la igualdad real exige menos autocomplacencia, menos propaganda y bastante más gestión”, ha zanjado.
