Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos indica que las primeras estimaciones de renta agraria marcan una caída generalizada en la producción de todos los sectores, y muy brusca sobre todo en sectores estratégicos como cereal (-34,7%), vino y mosto (-20,8%) y aceite (-58,65), pero también en producción animal (-2,5%). Por su parte, los precios, si bien han sido elevados en determinados momentos, sus picos se alcanzan cuando el agricultor ya no tiene la producción en sus manos. Un ejemplo es el de las cotizaciones de cereales, donde los precios eran muy elevados hasta su cosecha cuando se desploman, por lo que el agricultor no recibe el precio medio del cereal durante todo el año, sino a partir de cosecharlo.
Con esos datos se demuestra que “la renta agraria quizás no es tan récord, o ni siquiera es de récord, como últimamente nos acostumbra el MAPA a anunciar todos los años, haya una sequía catastrófica e histórica o no", denuncia Unión de Uniones en el balance del año 2023 para el sector agrario y ganadero.
Las mermas de cosecha son signo inequívoco de que el cambio climático ha llegado para quedarse y la prueba más evidente es que hasta noviembre de este año las indemnizaciones por siniestralidad en los seguros agrarios eran superiores a 1,17 millones de euros -record histórico-mientras que en todo 2022 fueron de 806 millones de euros -también récord histórico-, lo que supone ya un aumento del 49 % a falta de un mes todavía para acabar el año. De las 17 millones de hectáreas cultivadas en España, más de 3,4 recibirán indemnizaciones.
El seguro: garantía de rentas para los profesionales
Los datos anteriores son de seguros agrarios, por lo que que si tenemos en cuenta que hay muchos agricultores o ganaderos que no contratan pólizas, las cifras de pérdidas por los efectos de la meteorología son muy superiores. Las Administraciones, pese a ello, no suelen compensar estas pérdidas y lo fían casi todo al sistema de seguros agrarios que desgraciadamente el Gobierno sigue recortando como hemos venido recordando a lo largo de todo el año desde Unión de Uniones. En este sentido, se reclamó a ENESA, Agroseguro y el Consorcio, en el reciente Seminario Estatal que celebró la organización en diciembre una apuesta pública y mayor apoyo económico al seguro agrario para mantener su estabilidad como garantía de rentas para los profesionales.
Los costes siguen elevados
Si en 2022 los costes de producción subieron de forma espectacular, este 2023 a punto de concluir han seguido elevados. Las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la sequía provocan ese aumento. Fertilizantes, piensos, combustibles, electricidad, siguen con precios altos.
Sobre la electricidad cabe destacar que Unión de Uniones ha presentado una demanda de ejecución de sentencia contra el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) después de que éste incumpliera la resolución judicial sobre la implementación de un contrato de acceso eléctrico para regadío con doble tarifa, según lo dictaminado por el Tribunal Supremo que nos dio la razón.
En el lado positivo, hay que señalar que el Gobierno mantiene para 2024 las minoraciones en el IRPF del 35% para el combustible y del 15% de los fertilizantes, que ya se han venido aplicando en 2022 y 2023 debido al encarecimiento de los costes de producción.
Ayudas públicas insuficientes
Las Administraciones han dado ayudas públicas por las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania y la sequía, totalmente insuficientes ante la magnitud del impacto y que además han dejado fuera a sectores importantes pese a tener también un incremento de costes. Lo más destacable se resume en los productores de viñedo y olivar que no han recibido ningún tipo de ayuda, tal y como le hemos reclamado sin éxito desde Unión de Uniones al recién reelegido ministro de Agricultura, Luis Planas, y donde al final hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para revertir esta situación.
En este sentido, la organización presentó una batería de 50 medidas para paliar los efectos de la sequía y realizó una marcha desde diversas comunidades autónomas, que concluyó el pasado 5 de julio en una manifestación que acabó frente al Ministerio de Agricultura con un gran éxito de convocatoria: 180 tractores y más de 1.000 personas.
Mal funcionamiento de la cadena alimentaria
Destacar también el mal funcionamiento de la cadena alimentaria demostrado desde su última reforma. “Si nos quedamos en más observatorios y más seguimiento, pero no se toman medidas efectivas para que la ley se cumpla, los agricultores y ganaderos que somos el eslabón más débil seguiremos con precios por debajo de nuestros costes”, señala Unión de Uniones. Ni el Ministerio de Agricultura ni las Interprofesionales han tenido ni la voluntad ni la capacidad de establecer tampoco un coste medio de producción para los productos y que sea un precio de referencia por debajo del cual no se pueda comprar ninguna producción agraria y así ayudar a cumplir la Ley de la cadena alimentaria que continúa sin poner límite a la posición de negociación de muchos de los agentes de la cadena.
Un año de PAC con balance negativo: más burocracia y sin priorizar en los profesionales
Estamos a punto de concluir el primer año de la nueva PAC y el balance de aplicación es más que negativo por la elevada burocracia y exigencias inútiles para cobrar cierta parte de estas ayudas que además no se priorizan en las personas que se dedican profesionalmente al sector agrario, abriendo las puertas a perceptores que incluso ni viven en las zonas rurales. El descarrilamiento del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), del que todos protestan, se encuentra tanto en el Gobierno central como en los regionales, atrincherados en sus cheques en lugar de proteger a los profesionales. Sobre el anticipo de las ayudas de la PAC presentamos un estudio donde se refleja que la media de pago fue del 40% en lugar del 70% permitido, lo que nos lleva a concluir que “es pura propaganda su anuncio”.
Sobre el cuaderno digital de explotación, se logró que no se implantara el pasado verano y, de entrada, se ha conseguido que los grandes productores tengan que empezar en septiembre de 2024, los medianos-pequeños un año más tarde en 2025, quedando los muy pequeños fuera de esta obligación. Aún así, Unión de Uniones no está satisfecha y seguira trabajando ya no sólo por una modificación en las fechas de la implantación, sino también por mejorar el contenido obligatorio de este cuaderno digital.
La superpoblación de fauna silvestre sigue al alza, y con ella los problemas de daños y sanidad animal
“La agenda verde del Gobierno nos preocupa mucho en algunos temas, como el caso del lobo, los ataques a la ganadería, la fauna silvestre o las limitaciones al regadío”, apunta la organización.
La presión cinegética por numerosas especies, sobre todo jabalíes y conejos, es elevada y por ello la organización sigue reclamando medios y propuestas eficaces como es una Ley de Gestión de Fauna Silvestre para controlar y reducir esta proliferación hasta niveles sostenibles para el medio, ya que los agricultores sufren un sobrecoste desmesurado.
Este año ha habido bastantes protestas de nuestra organización en diverdas comunidades autónomas para frenar la plaga de conejos que ha provocado ya la declaración de emergencia cinegética de más de 700 pueblos de varias regiones. En relación al jabalí, se ha instado así mismo a controlar la población como medida preventiva frente a la Peste Porcina Africana y por su papel de reservorio de tuberculosis.
Sobre la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), Unión de Uniones recuerda que el MAPA no ha planteado ni una sola medida para que los ganaderos puedan afrontar de una mejor manera la enfermedad, salvo la modificación de un par de Reglamentos comunitarios. “La dejadez y pasividad del Ministerio es total al respecto y está dejando en la estacada a los ganaderos muy afectados por la sequía y los elevados costes de producción”, indica Unión de Uniones, que se suma a las ayudas insuficientes concedidas por algunas comunidades autónomas. Valora, además, que habría que revisar el conjunto de los protocolos de sanidad animal, no sólo para esta enfermedad, sino para alguna más como la tuberculosis bovina.
Salvaguardar la sostenibilidad económica y social a la vez que la ambiental
Representantes de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se trasladaron en octubre a Bruselas para celebrar encuentros con responsables políticos, tanto del Parlamento como de la Comisión Europea, a los que trasladaron el mensaje de que “antes de lograr la sostenibilidad ambiental hay que tener muy en cuenta la sostenibilidad económica y social de las explotaciones agrarias”.
Hemos seguido denunciando este año la supresión de sustancias activas de productos fitosanitarios por parte de la Unión Europea y la incongruencia de que luego se permitan a los productos importados. La reciprocidad en el uso de productos fitosanitarios será de nuevo una de las principales demandas de Unión de Uniones en 2024, junto a la adopción de las cláusulas espejo en las importaciones. Hay que destacar en la parte positiva el rechazo del Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión del reglamento que pretendía imponer una nueva reducción a la mitad de los productos fitosanitarios para la protección de los cultivos contra enfermedades y plagas sin contar con alternativas viables, donde Unión de Uniones remitió un escrito a todos los eurodiputados españoles para instarles a votar en contra.
En el segundo semestre de este año, España ostentó la presidencia de la Unión Europea, una oportunidad para introducir en el discurso político europeo todos aquellos problemas y las soluciones para el sector agrario español, pero que pasó al final, tal y como denunciamos desde Unión de Uniones, con “más pena que gloria”.
A nivel organizacional, hay que destacar así mismo en clave interna la elección de Luis Cortes como coordinador estatal de Unión de Uniones en la IV Asamblea que tuvo lugar en febrero en Madrid.
Algunos retos para 2024
En 2024 Unión de Uniones seguirá muy pendiente de ver cómo afectan los conflictos bélicos en la escalada de los costes de producción. A la guerra en Ucrania se suma ahora la tensión en el Mar Rojo con la invasión de Israel en la franja de Gaza.
También vigilará la afección del acuerdo provisional del Consejo y Parlamento sobre la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales que podría expulsar de la producción a miles de granjas avícolas y porcinas de mediano tamaño que no serán capaces de asumir las exigencias que se les aplicarán. Al mismo tiempo, estará observante ante la evolución del acuerdo europeo “poco realista y restrictivo” de la Ley de la Restauración de la Naturaleza.
Por otra parte, la organización exige clarificar la representatividad agraria, mediante la consulta electoral estatal, prevista en la Ley, y bloqueada desde hace 10 años. “Sobre este asunto hemos acudido a los tribunales para garantizar el derecho de los agricultores y ganaderos a elegir democráticamente a sus representantes y va a ser un asunto que el Ministro no va a poder ya eludir”, indica Unión de Uniones. Tras los resultados del pasado 12 de febrero en las últimas elecciones al campo celebradas en Castilla y León “nos mantenemos como la única organización agraria representativa en todas las CC.AA. donde se han celebrado elecciones agrarias y la segunda fuerza más votada muy lejos de la tercera”.
La organización también pedirá a las diferentes Administraciones que establezcan políticas que permitan un mayor relevo generacional en el campo, así como más apoyo a las mujeres para que la titularidad compartida sea una realidad y no se quede en “papel mojado” como hasta ahora con solo 1.233 mujeres incorporadas desde que se reguló en 2011.
En otro orden de cosas, a Unión de Uniones le gustaría contar una mayor gobernanza del nuevo Gobierno con el sector agrario en aquellas cuestiones en materia laboral, fiscal y de seguridad social, en las que se han emprendido en la anterior legislatura grandes reformas sin consultar a los agricultores y ganaderos, que también son afectados por las mismas.
Unión de Uniones se mantendrá así mismo vigilante ante los numerosos proyectos de macroplantas solares por todo el Estado y aboga por un crecimiento atenuado y racional de la producción energética de fuentes alternativas renovables, con visión de conjunto, salvaguardando las zonas de alto valor natural y de interés agrario y priorizando la instalación de los parques de energía en zonas improductivas, menos productivas. “Es necesaria una zonificación agroambiental para evitar que se pierdan terrenos aptos desde el punto de vista agrario”, apunta.
